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Boletín de prensa 17 de febrero de 2011
EL TIEMPO
LISTA LA LEY QUE BUSCA DARLES EMPLEO A JÓVENES MENORES DE 28 AÑOS
También ofrecerá incentivos a las empresas para que empleen a mujeres mayores de 40 años.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionará esta tarde la Ley de Primer empleo, una norma que busca incentivar la contratación de jóvenes y mujeres.
La iniciativa fue impulsada por el Partido Liberal en la pasada campaña y sus creadores creen que ayudará a bajar las cifras de desempleo en el país.
En esencia, la nueva norma ofrece incentivos a las empresas que decidan contratar a jóvenes, mujeres mayores de 40 años, madres cabeza de familia, personas con discapacidad y desmovilizados.
"Los empleos deben ser de carácter formal y las empresas recibirán el beneficio de poder descontar el pago de los parafiscales en los impuestos de renta", explica el representante Simón Gaviria, promotor de la norma.
Ota de las ventajas que tendrá la nueva ley es que los trabajadores que tengan contratos de prestación de servicios, con un salario menor a los 2,3 millones de pesos, no se les va a aplicar la retención en la fuente.
"A las nuevas empresas, que tengan menos de 50 trabajadores y activos menores a los 2.500 millones de pesos, no se les cobrará el impuesto de renta en los primeros dos años", añade Gaviria, quien hoy lanza una cartilla explicando esta ley.
Los trabajadores que estén afiliados al Sisben podrán mantener durante un año la afiliación a este sistema.
Los autores de la norma también anuncian un "apretón" a las cooperativas de trabajo, pues obligarán a estas compañías a pagarles a los trabajadores todas sus prestaciones.
De esta forma, el Gobierno y el Congreso se la juegan para tratar de reducir el porcentaje de desempleo en Colombia, que no hay podido ser bajado a un solo digito.
La Ley fue concebida ante un reclamo de la población joven de Colombia y de las mujeres, quienes en los últimos años han tenido dificultad para ingresar o mantenerse en el mercado laboral.
CORTE SUPREMA INVESTIGA COMPLOT DE TESTIGOS
Le pidió a la Fiscalía indagar a ex 'paras' por cambiar sus versiones contra ex congresistas.
Abogados y testigos que han intervenido en los juicios contra los ex senadores Juan Carlos Martínez Sinisterra y Luis Humberto Gómez Gallo están en la mira de la Corte Suprema para determinar un posible "cambio sistemático" de sus versiones.
El alto tribunal no descarta que detrás de esas declaraciones existan maniobras idénticas a las que denunció el pasado martes el testigo David Hernández López, en el juicio contra el ex senador Luis Alberto Gil y que terminó con la captura de su abogado, Ramón Ballesteros, por intento de soborno.
Los magistrados compulsarán copias con la Fiscalía pues, en ambos casos, varios desmovilizados que inicialmente involucraron a Martínez y a Gómez Gallo en presuntas alianzas con 'paras', luego se echaron para atrás.
La denuncia de Hernández se produjo después de que otros declarantes, entre ellos los ex jefes 'paras' Ramón Isaza, alias 'Julián Bolívar' y Arnubio Triana, alias 'Tarazá', negaron haber apoyado a los ex congresistas Gil Castillo y Alfonso Riaño.
"La Corte está aburrida de esa práctica. En todos los casos donde se ordenan ampliaciones de testimonios, los testigos vienen a retractarse, en muchas ocasiones de manera grosera y ridícula", dijo a ELTIEMPO.COM una fuente cercana a los procesos.
La denuncia de Hernández no es nueva. En el juicio contra Gómez Gallo, el testigo Robinson Guilombo dijo que recibió una oferta de 250 millones de pesos para cambiar su versión.
Él le había dicho a los magistrados que como hombre de confianza del narco Eduardo Restrepo Victoria, alias 'el Socio', presenció una reunión entre el capo y el político tolimense, en la que éste último recibió dinero.
Esa versión tendrá que ampliarla en próximos días por orden del alto tribunal. Guilombo, que al igual que Hernández es testigo protegido por la DEA, contó que supo de los ofrecimientos por correos que conocidos suyos le enviaron. Coincidencialmente, días después su mamá fue asesinada en el sur de Tolima.
La Corte ha detectado que tanto en los juicios de Martínez Sinisterra, Gómez Gallo y Gil Castillo los abogados han enfilado su estrategia en desvirtuar testimonios que involucran a sus clientes, contradiciendo las versiones iniciales.
En el caso del ex senador Martínez, cuatro antiguos lugartenientes de Ever Veloza, 'H.H.', desmienten la versión de su ex jefe, quien asegura que el político vallecaucano llegó al Senado en el 2002 y en el 2006 con apoyo del bloque Calima de las Auc.
También el ex 'para' Úber Enrique Blanquez, 'Juancho Dique', testigo contra el senador Javier Cáceres, dijo que el senador le ha enviado razones con intermediarios para que no declare en su contra.
La primera noche de Ballesteros en la cárcel
En una celda del DAS pasó su primera noche en la cárcel el abogado Ramón Ballesteros, tras su captura en audiencia de la Corte Suprema y de aceptar cargos por intentar sobornar a un testigo.
La jueza 14 penal con funciones de control de garantías, Ofir Roa, lo envió allí luego de legalizar su detención e imputarle cargos. La Fiscalía lo señala como miembro de una organización criminal asociada a Carlos Mario Jiménez, 'Macaco'. Ballesteros, quien representaba al ex senador Luis Alberto Gil en el juicio por parapolítica, había solicitado la libertad provisional y la detención domiciliaria, pero la jueza se las negó.
Ballesteros, a pesar de aceptar el cargo de soborno, le dijo a la jueza haber sido víctima de una celada.
"No pertenezco a ninguna organización criminal", insistió.
En un allanamiento a la oficina de Ballesteros, le fueron incautados 125.000 dólares, dijo la Policía.
MINJUSTICIA REVISARÁ PROYECTO QUE ENDURECE PENAS DE ADOLESCENTES
Modificaciones en el proyecto podrían poner en peligro a adolescentes en conflicto con la ley.
El Ministerio de Interior y de Justicia se comprometió a revisar el Proyecto de Ley 164 de 2010, en lo referente a la reforma del Código de Infancia y Adolescencia, para que esté en sintonía con tratados internacionales y la prevalencia de los derechos de esta población.
Este compromiso lo adquirió durante el encuentro organizado esta miércoles por la Alianza por la Niñez Colombiana y la Procuraduría General de la Nación, en presencia de representantes de la Comisión Primera de la Cámara, de la Defensoría del Pueblo, asesores jurídicos, abogados expertos en temas de infancia y adolescencia, y las 19 organizaciones nacionales e internacionales que integran la Alianza.
Durante este encuentro se analizaron los efectos que puede tener el Proyecto de Ley en lo relacionado con la reforma del Código de Infancia y Adolescencia, ya que algunos de los artículos propuestos van en contravía de los tratados internacionales firmados por Colombia, y pueden llegar a poner en peligro a los adolescentes que están en conflicto con la ley y no contribuyen a una mayor seguridad de la ciudadanía.
No introducir ninguna reforma al Código de Infancia y Adolescencia en este Proyecto de Ley hasta no hacer una evaluación conjunta de la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal, establecer exactamente sus falencias y concertar las medidas más adecuadas para superarlas, es la propuesta de las organizaciones convocantes.
Entre los vacíos identificados está la necesidad de establecer un ente rector que coordine los diferentes actores que intervienen en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, procesos efectivos de capacitación para ellos y recursos para operar lo estipulado en el Código. De igual manera hace falta un sistema de información que permita tomar decisiones acordes con la realidad.
"Se requiere una revisión integral y no parcial del Código para que responda a las necesidades, pero se está creando la expectativa de que la Ley puede solucionar los problemas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y del país en materia delincuencial, cuando lo que se requiere es complementar con políticas públicas preventivas", señaló la procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ilva Miriam Hoyos.
Según la Procuradora se han hecho ajustes al proyecto, pero aun se mantiene el propósito de aumentar las penas e incluir los delitos de genocidio y terrorismo cuando son los delitos que menos comenten los adolescentes.
De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, los seis delitos que más comenten los adolescentes, en su orden, son: hurto (40%), tráfico de estupefacientes (29%), homicidio (4,8%), lesiones personales, acceso carnal abusivo y violencia intrafamiliar.
"¿Se justifica realizar una reforma para incluir estos dos delitos y llegar a tener un costo más alto por ello?, señaló Hoyos.
Eduardo Gallardo, especialista de Protección y Acción Humanitaria de Unicef, manifestó durante el encuentro que las normas internacionales establecen la privación de la libertad como una sanción excepcional.
Asimismo, se destacó que, contrario a la percepción general, actualmente los adolescentes sí responden penalmente por sus delitos a la ley, lo cual viene ocurriendo desde que entró en vigencia el Código de la Infancia y la Adolescencia. Esto no se puede desconocer a efectos de señalar que sólo de aprobarse esta reforma procedería la imputación de cargos penales a adolescentes.
La Alianza por la Niñez Colombiana y la Procuraduría General de la Nación entregaron una propuesta de articulado al Ministerio del Interior y a los miembros de la Comisión Primera de la Cámara, quienes debatirán en próximos días el proyecto en cuestión, y solicitaron conocer previamente el que entrará a debate.
Además, se comprometieron a mantener una mesa de diálogo entre los diferentes organismos relacionados con el tema para garantizar que, en el marco de un debido proceso, los adolescentes encontrados responsables de infringir la ley penal respondan por sus acciones y tengan la opción real de rehabilitarse e integrarse a la sociedad.
DESTITUYEN JUEZ QUE FALLÓ CASO DE CAJANAL
Arnedys José Payares fue destituido y quedó inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.
Esto porque, ejerciendo como Juez Segundo Civil de Magangué (Bolívar), ordenó en un fallo de tutela el embargo de 21 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de la Caja Nacional de Previsión (Cajanal) para pagar las pensiones de 95 maestros.
El juez ordenó en el año 2006 que el dinero embargado se girara al apoderado de los 95 maestros que reclaman una 'pensión gracia' (adicional) a la cual, dice Cajanal, no tienen ningún derecho.
La entidad se negó a acatar el falló por considerar que los obligaba a incurrir en una abierta ilegalidad, pero fue obligada tres años después a desembolsar el dinero al resolverse un incidente de desacato a la tutela.
En este caso, EL TIEMPO denunció que el fallo de tutela cuestionado fue revivido en diciembre del 2009 por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura (el mismo tribunal que ahora confirma la sanción contra el juez) que le ordenó a Cajanal cumplir la tutela del 2006 y pagar las pensiones.
La sanción contra el funcionario judicial determina que el juez se extralimitó en sus funciones por no tener facultades para tomar la medida de embargo.
"Payares Pérez, como juez constitucional, no podía dentro de una acción de tutela decretar medidas cautelares de embargo de dineros, con lo cual pudo haber proferido una resolución judicial contraria a la ley", indicó el fallo.
El caso debía ser resuelto por un juez administrativo, el único que estaba facultado para verificar la legalidad de las peticiones de los pensionados en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el juez sancionado incurrió en una falta gravísima, señala la decisión, que fue adoptada con base en una ponencia del magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, de la Sala Disciplinaria.
EN 2010 SE REGISTRARON 280 MIL DESPLAZADOS POR VIOLENCIA EN COLOMBIA
La cifra equivale a un promedio diario de 778 desplazados, según Codhes.
Más de 280.000 colombianos se vieron obligados a abandonar sus hogares y asentarse en otros lugares del país en 2010 a causa del conflicto armado y la violencia, informó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
De los 280.041 desplazados internos, una tercera parte corresponde a personas que procedían de zonas cuyo control estaba en manos de grupos armados ilegales y fue recuperado por la fuerza pública, agregó Codhes en su informe anual 2010 sobre desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado.
Con estas cifras se elevan a 5,19 millones los colombianos que han huido de sus lugares de residencia desde 1985, todos por "razones de violencia", subrayó esta organización no gubernamental.
El estudio de Codhes muestra que Colombia sigue en el primer lugar del mundo por número de desplazados internos y refugiados, con más de 5,28 millones de personas en una u otra condición, siempre por efecto de la confrontación interna, que lleva casi medio siglo.
En 2009, casi 390.000 colombianos estaban refugiados en otros países, principalmente Ecuador, por la violencia, de acuerdo con la ONG.
En una conferencia de prensa, el presidente de Codhes, Jorge Rojas, subrayó que los desplazados del año pasado se asentaron en 1.014 municipios de 31 de los 32 departamentos del país.
Del total de desarraigados, 4.061 pertenecen a cuatro pueblos indígenas que sufrieron catorce éxodos masivos, entre ellos los Nukak Makú, la única etnia nómada que existe en el país y que está en peligro de extinción, según precisa Codhes en "¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 201".
El estudio destaca que otros 70.010 desplazados son de comunidades afrocolombianas, colectivo que sigue afectado de "manera sistemática y desproporcionada por este fenómeno.
"En esta ocasión nos hemos enterado que buena parte de los desplazados en Colombia proceden de zonas especiales de consolidación (de la seguridad)", apuntó el presidente de la ONG.
Rojas se refirió a catorce áreas inscritas en el llamado Plan Nacional de Consolidación Territorial, diseñado en 2007 por el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y en ejecución desde 2008.
Estas zonas comprenden 86 municipios de 17 departamentos, recordó el presidente de la ONG, y observó que de ellas procede el 32,7 por ciento (unas 91.499 personas) de los desplazados del período.
"Algo no está funcionando en ese modelo de consolidación", advirtió Rojas, al observar que en dichas zonas actúan nuevas bandas de paramilitares y siguen presentes reductos de las Farc y el Eln.
EL ESPECTADOR
LA DEFENSA DE UNA FERTILIZACIÓN 'IN VITRO'
Corte Constitucional fijó parámetros para autorizar una fertilización 'in vitro' a una docente de 41 años que no ha podido quedar en embarazo.
En defensa de los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas, por vía de tutela la Corte Constitucional ordenó a una IPS, que presta servicios al personal del Magisterio en el departamento del Valle, realizar el tratamiento de fertilización in vitro a una docente de 41 años, incluyendo los exámenes diagnósticos y medicamentos que sean necesarios para lograr la correcta implantación del embrión en el útero de la mujer.
Aunque se trata de un caso de aplicación particular, la sentencia aborda uno de los temas de mayor controversia en los tratamientos médicos, por el alto costo económico que demanda un proceso de fertilización in vitro. Por eso, la Corte dejó en claro que la autorización del procedimiento sólo se hará por una vez y no se autorizó a la IPS a que repita el costo del mismo contra el Fosyga para preservar la estabilidad económica del Sistema General de Seguridad Social.
La historia de este fallo se originó en el municipio de Zarzal (Valle), donde una docente que sostiene unión marital de hecho desde 2007 ha acudido a los médicos para consultar las causas por las cuales le ha sido imposible quedar en embarazo. Esta situación la llevó a un centro especializado de reproducción, donde le diagnosticaron cuál era su dificultad, cotizándole el tratamiento en $15 millones. Pero la docente escasamente gana el equivalente a dos salarios mínimos.
La mujer solicitó autorización de la IPS Cosmitet Ltda., pero aunque le fue negada en primera instancia por tratarse de un servicio excluido del servicio del Magisterio, finalmente fue autorizado y se inició el tratamiento a través de un tercero. No obstante, cuando solicitó los medicamentos adicionales, la IPS los negó por su costo. En medio de la controversia, el embrión murió y ella tuvo que someterse a un legrado y sus consecuencias.
La docente volvió a solicitar la autorización de la IPS para persistir en el tratamiento de fertilización, pero se lo negaron. Por esta razón acudió a la tutela que fue negada en dos instancias. Pero la Corte Constitucional, al examinar el caso, consideró inviable el argumento de que al solicitar el segundo tratamiento ya no se encontraba en el programa de fertilización asistida y el plan de salud no lo permitía.
En consecuencia, aunque reconoció que este procedimiento está excluido del plan de salud del Magisterio, en el caso específico, que podría homologarse de acuerdo con cada circunstancia, tiene que cubrirlo la IPS. Pero como la mujer va a cumplir 42 años, la autorización sólo se hará por una vez, lo cual implica que no puede concederse de forma indefinida hasta que se obtenga como resultado un embarazo viable.
UNA ARRENDADORA CON MAL INQUILINO
Pasó casi cuatro años en prisión acusada de cómplice de secuestro. El Consejo de Estado ordenó indemnizarla por el craso error judicial.
Como ama de casa, la señora Sonia Delgado llevaba una vida normal en Bogotá y, para sufragar gastos por los estudios de sus hijos, habitualmente arrendaba un apartamento construido en el mismo inmueble donde vivía. Pero sin responsabilidad alguna, el 31 de julio de 1991 le cambió la vida cuando un grupo de antiextorsión y secuestro allanó la vivienda y rescató a un secuestrado que estaba cautivo en el apartamento arrendado.
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Noveno de Instrucción Penal Militar y se logró el rescate sano y salvo del ciudadano Gilberto González. Tres personas fueron detenidas, entre ellas la propietaria de la vivienda, quien a pesar de que alegó que nada tenía que ver con los ocupantes del apartamento, fue privada de la libertad bajo la presunción de que era cómplice de los secuestradores.
Entonces empezó un calvario para Sonia Delgado, quien fue recluida en la cárcel El Buen Pastor desde el 6 de agosto de 1991. De nada sirvió su argumento de que arrendó el apartamento porque ese era el destino del mismo y lo hacía como medio para proveer la subsistencia de su familia. Ni siquiera se tuvo en cuenta el testimonio aportado por un ciudadano que había vivido en el apartamento 48 horas antes de que lo ocuparan los nuevos inquilinos.
Su situación sólo vino a resolverse el 7 de abril de 1995, cuando el entonces Tribunal Nacional ordenó su libertad por falta de pruebas. Sin embargo, por cuenta de la llamada justicia sin rostro pasó tres años y nueve meses en prisión por un delito que no cometió. Pero apenas recobró su libertad, demandó al Estado. Esta semana, la Sección Tercera del Consejo de Estado le dio la razón y ordenó indemnizarla por los perjuicios causados a ella y a su familia.
Lo paradójico es que la Fiscalía se opuso asegurando que cuando se le privó de la libertad se hizo sobre pruebas serias. A su vez, la dirección ejecutiva de Administración Judicial manifestó que si hubo falla en el servicio, la única entidad que debía responder era la Fiscalía, que finalmente fue el organismo que le endilgó complicidad en el secuestro a Sonia Delgado y la mantuvo en prisión.
Al Consejo de Estado le bastó examinar el expediente para concluir que a la mujer se le causó un daño antijurídico, pues no debió ser privada de su libertad y menos por una unidad antiterrorista. En consecuencia, condenó a la Fiscalía e indemnizar a la afectada y a sus hijos, quienes también sufrieron angustia, dolor y perturbación sicológica.
COLOMBIA SIGUE COMO NÚMERO UNO MUNDIAL EN DESPLAZADOS
El año pasado 280.041 personas tuvieron que abandonar sus hogares.
Unos 5,2 millones de colombianos viven desplazados de sus hogares tanto fuera como dentro de su país a causa del conflicto armado, informó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Las cifras del informe anual de Codhes, presentado en Bogotá, muestran que Colombia mantiene el primer puesto de la lista de países con mayor número de desplazados internos y refugiados.
Solo el año pasado 280.041 personas tuvieron que abandonar sus hogares y asentarse en otros lugares de Colombia a causa de la violencia
En cuanto a los refugiados en el exterior, de acuerdo con las cifras más actualizadas, que corresponden a 2009, eran 389.000.
En su estudio titulado “¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010” , Codhes llama la atención por el hecho de que un tercio de las más de 280.000 personas que se vieron obligadas a desplazarse provenía de zonas cuyo control había sido retomado por la fuerza pública y que antes estaban en manos de grupos armados.
“Buena parte de los desplazados en Colombia proceden de zonas especiales de consolidación” , afirmó en una rueda de prensa el presidente de Codhes, Jorge Rojas, quien precisó que 91.499 desplazados (32,7%) son originarios de las 14 áreas comprendidas en el denominado Plan Nacional de Consolidación Territorial.
Éste es un proyecto diseñado y puesto en marcha durante el gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) , como complemento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, el eje de su gestión, centrada en la lucha contra las guerrillas.
Son áreas que abarcan en conjunto 86 municipios de 17 de los 32 departamentos de Colombia y que, advirtió Rojas, se suponía que el Estado las había recuperado para superar el desplazamiento y la pobreza, proteger los derechos humanos y alcanzar la paz.
Sin embargo, el experto observó que el denominador común de estas zonas es que son objetivo de despojo de tierras, inversiones en minería y cultivos de palma de aceite.
Además, en 62 de esos 86 municipios “seguían operando por lo menos ocho grupos paramilitares”, agregó.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conservaron o reactivaron su presencia en 30 de esos municipios y la segunda guerrilla en importancia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se mantuvo en cuatro.
“Algo no está funcionando en ese modelo de consolidación”, aseveró el presidente de Codhes, quien observó que en esas mismas zonas siguen produciéndose masacres y asesinatos selectivos.
Recordó que de 2002 a 2010 fueron asesinados en Colombia 44 dirigentes de desplazados vinculados con iniciativas de reclamo de tierras usurpadas, que suman más de 6,63 millones de hectáreas entre 1980 y mediados del año pasado.
“En estos 25 años, por lo menos 5.195.620 personas han sido desplazadas en Colombia por razones de violencia” , subrayó Rojas, y resaltó que esta crisis deja una media anual de 208.000 víctimas.
Casi 12 de cada 100 colombianos, es decir, el 11,42 por ciento, han sido desarraigados por el conflicto, que ha obligado a 389.753 a buscar refugio en el exterior, mayoritariamente en Ecuador (53.342) , Estados Unidos (33.455) y Canadá (15.511).
Esta ONG sacó estas conclusiones a partir de cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Observatorio del Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, del Consejo Noruego para Refugiados) , que situaron a Colombia en el primer lugar del mundo por número de desarraigados internos y en el exterior.
Según Codhes, unos 5,2 millones de colombianos se encuentran en condición de desplazado interno o refugiado, seguidos por los sudaneses (5,26 millones) , los iraquíes (4,54 millones) , los afganos (3,12 millones) y los somalís (2,17 millones).
En cuanto a refugiados en el exterior exclusivamente, Colombia estaría en sexto lugar por detrás de Afganistán (2,88 millones) , Iraq (1,78 millones) , Somalia (678.309) , República Democrática del Congo (455.852) y Myanmar (406.669).
OMITIR PREVISIÓN EN EMERGENCIAS NO ES FALTA GRAVÍSIMA: PROCURADURÍA
El Ministerio Público pidió a la Corte que tumbe parte del decreto 4702 de la emergencia social.
El hecho de que un funcionario público omita sus deberes de prever con suficiencia la ocurrencia de desastres no es una falta gravísima, sostuvo la Procuraduría General de la Nación, que le pidió a la Corte Constitucional que deje sin efectos esta norma, que fue expedida en el marco de la emergencia social.
El Gobierno Nacional, a través del artículo 6 del decreto 4702 de 2010, pretendía que se impusieran sanciones a los servidores estatales por “no dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la prevención y atención de desastres", pero el organismo de control consideró que esta determinación no se daba en sintonía con el propósito de conjurar en forma ágil e inmediata la crisis ocasionada por el invierno, que era el objeto de la declaratoria de estado de excepción.
Así, el Ministerio Público solicitó que no se introdujera esta reforma en la Ley 734 de 2002, en la cual se consagra el Código Único Disciplinario.
Sin embrago, el Ministerio Público sostuvo que las normas restantes dispuestas en el decreto 4702 de 2010, y la totalidad del 4830 sí eran necesarios para mitigar los impactos de la ola invernal de una maneral ágil.
El concepto del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado fue conocido pocas horas después de una reunión que sostuvieron el Gobierno y la Corte, en la cual el primero intentó argumentar el porqué debe declararse exequible la convocatoria del estado de excepción.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry; el del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras; además del director de Planeación Nacional, Hernando Gómez, se presentaron este miércoles en la Corte Constitucional, para exponer sus puntos de vista frente al tema.
Además de los decretos con las facultades extraordinarias entregadas a algunas entidades, la Sala Plena de esa corporación ha empezado a definir si fue viable desde el punto de vista constitucional declarar un estado de excepción, que le da al Gobierno la posibilidad de expedir normas con fuerza de Ley, es decir, contar con el aval de cumplir funciones propias del poder legislativo de manera excepcional y transitoria.
El Ejecutivo busca convencer a la Corte de que no había otra posibilidad para detener el drama sufrido por millares de víctimas del invierno, más que impulsar medidas de urgencia, que no podían ejecutarse con las facultades que, ordinariamente, le otorgaba la Ley a las instituciones.
COLOMBIA TIENE MÁS DE 389.000 DESPLAZADOS EN EL EXTERIOR
La mayoría de los refugiados se encuentran en Ecuador.
Unos 389.753 colombianos que huyeron del conflicto armado interno están refugiados en el exterior, la mayoría de ellos en Ecuador, el país que acoge al mayor número de nacionales reconocidos con tal condición en el mundo, según un informe no gubernamental conocido en Bogotá.
De esta cifra sólo 115.805 han obtenido el estatus de refugiado, advirtió la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que resaltó que Colombia es “el principal país de origen de refugiados en el hemisferio occidental”.
La cifra se corresponde con registros de los últimos diez años llevados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y recogidos en “¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010”, elaborado por Codhes y al que tuvo acceso Efe en Bogotá.
El estudio muestra que Colombia sigue en el primer lugar del mundo por número de desplazados internos y refugiados, con más de 5,28 millones de personas en una u otra condición, siempre por efecto de la confrontación interna, que lleva casi medio siglo.
Luego están Sudán, con 5,26 millones de desplazados y refugiados; Iraq, con 4,54 millones; Afganistán, con 3,12 millones, y Somalia, con 2,17 millones, según Codhes, que recogió cifras del Acnur y el Observatorio del Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, del Consejo Noruego para Refugiados).
La organización no gubernamental (ONG) Codhes precisó que Ecuador ha otorgado la condición de refugiado a 53.342 colombianos, 28.000 de ellos dentro de un “proceso de registro ampliado” puesto en marcha en 2009.
Las cifras han convertido a Ecuador “en el país con mayor número de refugiados colombianos reconocidos en el mundo” , resaltó la ONG.
Otros 33.455 colombianos han sido reconocidos como refugiados en Estados Unidos, 15.511 en Canadá, 10.276 en Costa Rica, 1.328 en Panamá, 1.304 en Venezuela y 589 en Brasil, según este informe, que indica que los cálculos muestran que en España “pueden existir entre 1.000 y 1.500” ciudadanos del país andino con dicho estatus.
La misma fuente resaltó que, por cifras del Acnur y el IDMC, Colombia es el sexto país del mundo por número de refugiados, por detrás de Afganistán (2,88 millones) , Iraq (1,78 millones) , Somalia (678.309) , República Democrática del Congo (455.852) y Myanmar (406.669).
La ONG observó que los otros 273.948 colombianos no han sido reconocidos como refugiados, pero viven en el exterior en “condiciones similares al refugio”.
Según el estudio, uno de cada diez nacionales en el exterior es refugiado o está en las mismas condiciones del reconocido oficialmente como tal.
La cifra se deriva de los cálculos oficiales sobre colombianos fuera del país, que suman unos 3,33 millones, lo que supone que los refugiados representan el 11,7% del total de nacionales en el exterior.
¿LEGALIZACIÓN LA MEJOR OPCIÓN?
Por: Uriel Ortiz Soto
Con el vocablo legalización, no se quiere indicar que se van a abrir las puertas para que la permisividad se torne en completa tolerancia entre consumidores; adultos y menores. Los procesos de motivación y concientización son pedagógicos y lentos, a veces se convierten en arma de doble filo cuando el tema no se sabe encausar adecuadamente.
Con fecha 19 de Julio de 2001, el Suscrito, a raíz de una investigación realizada por el exembajador del Reino Unido en Colombia, - Keith Morris, sobre el tema del cultivo, industrialización, comercio y consumo de droga en Colombia proponiendo su legalización, escribió un artículo de opinión en el entonces semanario el Espectador titulado: Se abre el debate, sin embargo, la respuesta del presidente de la época, Andrés Pastrana Arango, no se hizo esperar, manifestando que “en su Gobierno, no, se legalizaría la droga”. Desde entonces, han transcurrido casi diez años y mucha el agua que ha corrido por debajo del puente. Ahora que el tema aparece nuevamente sobre el escenario nacional e internacional, manejado con más seriedad por varios expresidentes e intelectuales Latinoamericanos, valdría la pena abordarlo con más sentido de responsabilidad y madurez de cara a la realidad que estamos viviendo con connotaciones de por sí muy preocupantes, puesto que, señalan altos índices de no querer ceder por la vía de la justicia.
Desde luego, que para tomar una decisión de tamaña magnitud, se requiere de todo un proceso y estudio sobre cuales, han sido los efectos reales de la lucha contra el narcotráfico en los últimos veinte años y cuales los resultados favorables que tenemos hasta la presente fecha, que a decir verdad, no obstante la acción de las autoridades, parece ser bastante precario no solo en Colombia, sino en todo el mundo.
En lo que respeta a nuestro País, tenemos que aceptar que el recorte que viene haciendo desde hace cuatro años, el Gobierno de los Estados Unidos al presupuesto del Plan Colombia, destinado básicamente a la lucha contra los cultivos ilícitos, es bastante preocupante, pero, considero que hay que entenderlo como un mensaje de no querer aportar más presupuesto, con tan pobres resultados que saltan a la vista. Los pronunciamientos hechos en los últimos días por el Presidente Juan Manuel Santos, sobre la posibilidad de legalización, también allana el camino para buscar nuevas alternativas tendientes a combatir el flagelo de las drogas con instrumentos más eficaces desde el punto de vista pedagógico.
Hay que ser realistas y debemos aceptar que el negocio del narcotráfico, es el que tiene fortalecido a los grupos alzados en armas, fomenta la corrupción, ha sido la bandera de los paramiliatres y de muchas otras organizaciones criminales, que prácticamente tienen acorralada la población Colombiana. Nuestros campesinos son los que más han padecido este flagelo, muchas veces al encontrarse en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas, tienen que abandonar sus parcelas, dejarlas a la buena de Dios, para finalmente refugiarse en los centros urbanos fortaleciendo los cinturones de miseria.
Muchos se preguntarán y entonces ¿qué debe hacerse? Considero que la mejor forma para abordar tan delicada problemática, que prácticamente invadió todas las instancias sociales y de nuestro Estado de Derecho, es: La Legalización con pedagogía y concientización. Es igual al procedimiento que se utilizó para hacer frente al inicial consumo de licor y de otros factores de menor perturbación social como el cigarrillo.
No olvidemos que la mejor arma para combatir una endemia social, es la educación, pero hay que iniciarla desde temprana edad, en los claustros de enseñanza, creando conciencia en educadores y padres de familia para que juntos empiecen a generar programas didácticos y de comportamiento. Parte de esta responsabilidad le cabe desde luego al Ministerio de Educación Nacional, para que regrese a las aulas la cátedra de principios y valores, pilares fundamentales sobre las cuales debe construirse toda sociedad perdurable, culta, pacífica y organizada.
EL NUEVO SIGLO
NUEVAS BELLAQUERÍAS
*El caso del abogado Ballesteros
*Dudas de los segundos testimonios
LA captura casi in fraganti del abogado penalista Ramón Ballesteros es el culmen del complot contra la Corte Suprema de Justicia. Ya se entiende, desde luego, por qué el alto Tribunal no es proclive a darle validez a segundos testimonios que tratan de subsanar los primarios. En efecto, en varios casos de la parapolítica, y otros escándalos similares, hay testigos que se han retractado de sus primeras implicaciones y, por el contrario, han embadurnado a otros. Ahora queda plenamente demostrado que en el interregno de esos trámites suelen darse multimillonarios sobornos como el caso del abogado Ballesteros, quien pretendía salvar a su poderdante, no sólo desviando la atención de las reuniones con los paramilitares sino involucrando por enésima vez al magistrado auxiliar Iván Velásquez, coordinador de las investigaciones. La patraña no podía ser más lesiva y el país ha visto absorto los vídeos en que Ballesteros admitía US$ 100 mil y daba órdenes de torcer las pruebas. Será difícil en adelante que testimonios contradictorios sean evaluados por la Corte como positivos y muy seguramente esta seguirá dando prevalencia a la primera declaración.
La Corte Suprema, ciertamente, compuesta por los penalistas más duchos e idóneos del país, no ha caído en las trampas que durante años se le han querido imponer. Es claro que lograda la armonía entre las ramas del Poder Público, ahora pueden adelantar su trabajo con mayor serenidad y agilidad, como viene ocurriendo.
Basta recordar situaciones tan escabrosas como la de alias “Tasmania”, que se descubrió completamente falsaria cuando se dijo que dizque un paramilitar pretendía implicar al entonces Presidente de la República y que el magistrado Velásquez repartía beneficios judiciales a cambio de ello. Con comunicado de la Casa de Nari a bordo, se pretendió darle relevancia a ese hecho, que luego se demostró una maniobra torticera para deslegitimar a la Corte desde la cúpula del Ejecutivo. Otra de las incontables circunstancias tuvo que ver con la vergonzosa visita de alias “Job” a los funcionarios del Palacio de Nariño, por supuestas pruebas también contra la Corte, que nunca aparecieron pero sirvieron de ingreso al tránsfuga. Y ya son requeteconocidas, pendientes de una judicializacion más pronta, las barbaridades que se cometieron desde las oficinas de Inteligencia adscritas a la Presidencia, que han corroborado la persecución a los Magistrados hasta el punto de hacer grabaciones ilegales por parte del servicio doméstico, que camuflaba las grabadoras en los traperos y el mismo Estado pagaba espuriamente por la tarea. Para no caer, igualmente, en el sinnúmero de interceptaciones telefónicas ilegales, disminuidas como “chuzadas”, que debe estar próxima a fallar la Fiscal General de la Nación.
El caso del señor Ballesteros demuestra que las mañas están vivas. No sólo cayó en la peor de las redes de corrupción, sino que además dejó a su cliente expósito y listo para el llamamiento a juicio. Han querido recordar algunos que fue el abogado de Yidis Medina en el pleito por la compraventa de la reelección presidencial inmediata. Y claro que fue por muy pocas horas el apoderado de Yidis, que de antemano tenía presupuestada su entrega a la Justicia, como se desprende de su libro. Un libro que, fácil de leer, fruto de la ágil redacción periodística del amanuense, demuestra la cantidad de artilugios a los que se recurrieron para resucitar el acto legislativo, ya hundido por las convicciones de la mayoría de los parlamentarios. Litigio, entre otras cosas, que también deberá resolverse en estos días porque el acervo probatorio no es sólo testimonial, sino documental y de amplio espectro.
No han podido la cantidad de bellaquerías contra la Corte. Es hora de que, con la Fiscalía, ella avance aún más y cese la horrible noche.
UN ETERNO CARRUSEL DE DILACIONES
Aunque la Constitución y las leyes garantizan que todo funcionario público que sea blanco de una medida judicial, ya sea en el ámbito penal, disciplinario, fiscal o administrativo, tiene derecho a interponer una serie de recursos de defensa ante la instancia respectiva, es desinstitucionalizador el espectáculo de los últimos meses en los casos de algunos gobernadores, alcaldes y otros servidores oficiales objeto de sanciones que iban desde suspensiones temporales hasta destituciones fulminantes del cargo.
Armados con un ‘arsenal’ de reposiciones, apelaciones, acciones de tutela, peticiones de nulidad, recusaciones y recursos de súplica, e incluso acudiendo al expediente evidentemente dilatorio de pedir licencias, incapacidades médicas, períodos de vacaciones, intempestivos viajes al exterior o perdiéndose del mapa para evitar ser notificados, muchos funcionarios cuestionados buscan demorar la salida de sus cargos. Se ha llegado, incluso, al extremo de tener que utilizar el acompañamiento de la Fuerza Pública para desalojarlos de las oficinas y despachos con el fin de que sus reemplazos provisionales puedan empezar a ejercer.
Esa clase de dilaciones, que duran meses e incluso años, no sólo atenta contra el principio de justicia pronta y eficaz, sino que produce un efecto desalentador en las instituciones de control y vigilancia así como en una opinión pública que, ante semejante muestra de impunidad, sigue pensando que la justicia sólo es para los de ruana.
En un país en el que se calcula que anualmente se pierden más de cuatro billones de pesos por corrupción en el Estado, son urgentes reformas a los códigos penal, disciplinario, fiscal y administrativo para que, sin atentar contra el principio de debido proceso y derecho a la defensa, se acabe este triste espectáculo en el que la aplicación de sanciones a los servidores públicos termina siendo un rey de burlas
EN SUSPENSO EL PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
La Comisión Interinstitucional que debe presentar su informe final, no se reúne aún. La próxima semana el Consejo de Estado definirá su postura frente al tema.
Cada vez parece estar más lejana la posibilidad de que en marzo próximo sea radicado en el Congreso un proyecto de reforma a la Justicia concertado con las Cortes, tal como se lo había propuesto el presidente Juan Manuel Santos desde que se posesionó el siete de agosto de 2010.
El primer factor que permite inferir tal tesis, es que desde que fue creada por decreto la Comisión Interinstitucional de Reforma a la Justicia, integrada por el Ministro del Interior y Justicia, los Presidentes de las altas Cortes, el Viceministro de Justicia, el Secretario Jurídico de Presidencia de la República y coordinada por el ex magistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, y que tiene como tarea presentar un informe final donde estén contenidos los principales aspectos a incluir en el proyecto final, aún no se ha reunido para empezar a discutir punto por punto.
Esta situación se ha dado en gran medida porque cada Corte está analizando de manera independiente los aspectos que merecen ser tenidos en cuenta, cuáles deben ser reformados y cuáles incluidos.
Aunque el año pasado sus Presidentes ya habían expresado sus respectivas opiniones en varios foros académicos sobre el borrador de reforma socializado por el presidente Santos, este año cada Tribunal quiere definir de manera clara su posición frente a lo que debería contener una reforma a la Rama.
El primero en emprender esta tarea fue el Consejo Superior de la Judicatura, que por ser el órgano que está llamado a ser liquidado en el borrador inicial de reforma, ha realizado dos encuentros con jueces y magistrados para discutir la reforma. Entre las propuestas que ha hecho ese ente, encargado de administrar la Rama Judicial, está la de aumentar la oralidad en diversos procesos y la apropiación de más recursos para el sector.
La próxima semana le toca el turno al Consejo de Estado, que se tomará tres días para analizar qué reformas debe incluir el proyecto que finalmente sea presentado al Congreso.
Por su parte, falta que la Corte Suprema de Justicia decida lo propio, aunque el año pasado ya había definido una postura clara frente a varios temas.
Sin embargo, debido a que como los presidentes de estos Tribunales tienen un período de un año y todos acaban de ser elegidos, la concertación empezaría cuando sea redefinida la postura de cada uno.
Con este escenario, la Comisión Interinstitucional para la Reforma Judicial empezaría a sesionar desde marzo y estaría presentando su informe final un mes y medio después, que es el tiempo establecido por el Gobierno cuando la creó, pero con la diferencia de que dicho informe se debió haber presentado a finales de este mes.
Otro aspecto que podría influir en el aplazamiento de la radicación de un proyecto definitivo, tiene que ver con los puntos que sugiere el borrador y que han creado gran controversia.
Entre ellos, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que aunque al principio no generó gran polémica, actualmente cuenta con varios detractores, incluyendo las demás Cortes. El punto de la discordia está en que el Gobierno quiere crear un nuevo órgano con un perfil más gerencial que judicial.
Otro de los aspectos que ha sido ampliamente controvertido es el de la competencia de la Corte Constitucional para revisar las sentencias que profieran la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El año pasado los Presidentes de ambas entidades se mostraron inconformes con este tema, pues según ellos esto aumentaría los choques judiciales.
Un tercer aspecto tiene que ver con la implementación de un antecedente administrativo o, lo que es lo mismo, que las entidades estatales puedan crear jurisprudencia. Las altas Cortes han calificado dicha propuesta como inviable e inoportuna, pues las únicas autoridades facultadas para sentar jurisprudencia son las judiciales.
REVISTA SEMANA
PROCURADURÍA PIDE NO REFORMAR EL CÓDIGO DE INFANCIA
Según las Reglas de Beijing, "las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible" Por "ineficaz" e "insuficiente", la procuradora de infancia y adolescencia, Ilva Hoyos, pidió revertir la propuesta de reforma.
La procuradora delegada de los Derechos de Infancia y Adolescencia, Ilva Hoyos, propuso no aprobar la reforma al Código de Infancia y Adolescencia que busca aumentar las sanciones contra adolescentes que cometan delitos como el homicidio y terrorismo.
El proyecto de ley 164 en su criterio es ineficaz e insuficiente. “Además genera más problemas de los que pretende solucionar”, indicó la Procuraduría en un comunicado.
El proyecto de ley propone un cambio en la doctrina que incluye un tratamiento penal de la violación a la ley y deja a un lado el espíritu garantista del código vigente.
Por esta razón, Hoyos planteó “no reformar el Código de Infancia y Adolescencia tal como lo concibe actualmente el Gobierno Nacional”. También pidió al Gobierno hacer un análisis integral de la propuesta, así como “la formulación de políticas públicas de prevención dirigidas a la población adolescente”.
Las críticas al proyecto versaron sobre la reforma al artículo 187 del Código de la Infancia, en la que la norma define en qué consiste la privación de la libertad.
La iniciativa propone aumentar las penas a los adolescentes que cometan delitos como genocidio, terrorismo y contra la integridad sexual.
En ese sentido, advirtió Hoyos que de acuerdo con las estadísticas de Consejo Superior de la Judicatura de septiembre del año 2010, estos delitos, a excepción del homicidio, no son de mayor ocurrencia por parte de los adolescentes.
También argumentó que la calificación apropiada para los adolescentes que incurran en esas conductas es adolescente “en conflicto con la ley”, que es la contemplada en el Código actual.
Al respecto, hizo reparos al lenguaje técnico utilizado en la redacción de la norma, que pasa de ser restaurativa a punitivo.
Las organizaciones defensoras de derechos de los adolescentes también han cuestionado la iniciativa porque, en su criterio, contraría principios del derecho internacional que buscan que las medidas sirvan para restituir los derechos de los adolescentes.
La procuradora consideró “inviable” darle carácter penal a la evasión de los adolescentes que cumplen la sanción penal en los Centros de Atención Especializada, pues esa es una responsabilidad del Estado y no del adolescente.
Además dijo que no se podían equiparar los Centros de Atención Especializada con los de reclusión, pues su “concepción e infraestructura ha sido concebida desde la óptica penitenciaria y no desde la justicia restaurativa”.
La polémica iniciativa surgió ante el registro, el año pasado, de casos de adolescentes comprometidos en homicidios y utilizados por las bandas criminales. No obstante, desde distintos ángulos, analistas han señalado que el aumento de los castigos o un tratamiento punitivo de las infracciones de los adolescentes no ayudarán a resolver el problema. En criterio de varias organizaciones esa propuesta de reforma, además contradecir principios contenidos en el derecho internacional, no van a la médula del problema.
DESPLAZAMIENTO: EL DESANGRE CONTINÚA
Según el último informe de Codhes, 280.000 personas fueron desplazadas en 2010, un drama que se presenta con fuerza en las zonas de consolidación del gobierno Uribe.
Según Codhes, 280.000 fueron desplazadas en 2010.
A pesar de la desmovilización de las Auc, de los golpes decisivos contra las Farc y del anuncio de políticas de tierras y consolidación del gobierno, el último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) asegura que 280.041 personas fueron desplazadas en 2010, o sea casi 780 cada día (Descargar el informe).
Codhes es una Ong dedicada a la investigación en derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el seguimiento del fenómeno del desplazamiento en Colombia.
Según esa entidad, 30 por ciento de los desplazados vienen de las zonas de consolidación del gobierno Uribe, en los que se concentran las acciones de política pública y de seguridad.
Una cifra por encima de los registros estatales que lleva la Agencia Presidencial para la Acción Social, que contabilizó 86.312 desplazados en 2010, pero que calcula que 40 por ciento vienen de las áreas de consolidación.
El estudio de Codhes revela que el desplazamiento golpea 31 de los 32 departamentos del país, y que las regiones más críticas en el país son el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca antioqueño, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Córdoba, Arauca, Putumayo, Caquetá y Meta.
Una de las razones que inciden más en la persistencia de este fenómeno es que las bandas criminales se fortalecieron en los últimos años y lograron imponerse, buscando dominar los corredores del tráfico de droga y los yacimientos minerales.
El informe de Codhes asegura que en los últimos 25 años más de 5,2 millones de personas fueron desplazadas y que cerca de 390 mil colombianos se exiliaron en otro país, huyendo la violencia.
Los límites de la consolidación
Uno de los aspectos que más llama la atención del estudio es que un porcentaje importante de los desplazados (32,7 por ciento) han salido de zonas donde el gobierno emprendió desde 2007 el “plan nacional de consolidación territorial”, o Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai), programas que tienen incidencia en 86 municipios en 17 departamentos, los cuales el ex presidente Uribe consideró prioritarios para recuperar la seguridad y avanzar en inversión social y empresarial.
Según las políticas de Uribe, después de haber combatido ‘paras’ y guerrilleros en su primera presidencia, en su segundo periodo las zonas de consolidación tenían que complementar la seguridad democrática y reforzar la presencia institucional en las zonas que seguían siendo violentas. En estas regines las acciones del Ejército se combinan con presencia de instituciones como la Fiscalía, Procuraduría y con proyectos sociales.
En mayo de 2010, Acción Social presentó los resultados de la política que empezó en 2006 y que aunque no está incluida en el plan de desarrollo del gobierno Santos, aún se aplica. El gobierno dijo que se invirtieron más de 1,5 billones de pesos, y presentó resultados en cobertura de salud, educación y programas como familias guardabosque, familias en acción, entre otras.
Así, a pesar de las políticas, en el Pacífico (Nariño, Cauca, Valle y Sur del Chocó), el Caguán (Caquetá), Macarena (Meta), Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Putumayo, Arauca y Catatumbo (Norte de Santander), 91.499 personas abandonaron sus hogares y de los 100 municipios con las más alta tasa de desplazamiento, 44 están dentro de estas áreas de consolidación.
"Algo no está funcionando en ese modelo de consolidación, en 72 por ciento hay grupos paramilitares y en 35 guerrilla", dijo el director de Codhes, Jorge Rojas.
Codhes señala ahí la presión sobre la tierra sigue siendo muy fuerte y la violencia no se ha ido. En 2010, en estos municipios se cometieron 19 masacres, donde murieron a 92 personas, 176 fueron asesinadas y se han registrado amenazas contra defensores de los derechos humanos.
Una de las razones que explica el apetito por estas regiones es, según el informe, el auge de la minería, particularmente del oro. En un tercio de las zonas de consolidación hay explotaciones, como en Montelíbano (Córdoba), varios municipios del Bajo Cauca, en el Pacífico o en el Catatumbo.
“La región más crítica es la del Bajo Cauca, allá están haciendo de todo”, le dijo a VerdadAbierta.com una de las investigadoras del estudio.
En las riberas de los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí hay cerca de 2.000 retroexcavadoras y dragas que según cifras oficiales sacan 28 toneladas de oro al año. Con la fiebre minera llegaron las bandas criminales, las masacres, los asesinatos y las amenazas. En la región hay 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Antioquia.
El informe también señala que miles de hectáreas de palma y otros cultivos agroindustriales se están implantando en las zonas de consolidación. En el 16 por ciento de estas, según Codhes, hay siembra intensiva de palma africana, como en San Onofre (Sucre), Tibú (Norte de Santander), Guapi y Tumaco (Nariño), en las faldas de la Sierra Nevada y en la Macarena (Meta).
Codhes advierte que aunque la mayoría de empresas palmeras son legales y les compraron las tierras a los campesinos, la presión financiera en regiones que fueron abandonadas por los campesinos es preocupante. "Hay gente aprovechándpse de las zonas de consolidación", señaló Jorge Rojas.
En los Montes de María, una de las zonas más golpeadas por la guerra, muchos campesinos están preocupados por el alza de los precios de la tierra y la llegada de la palma. Por el abandono que sufrieron sus parcelas, la inversión para readecuarlas es muchas veces demasiado alta y es más realista vender que volver. Los campesinos además muchas veces se endeudaron en su desplazamiento y necesitan dinero para pagar.
Codhes resalta además que en las zonas de consolidación no se ha logrado desterrar el narcotráfico, pues en más de 70 por ciento están cultivando coca.
Según Jorge Rojas, la gente no sólo está huyendo los enfrentamientos por rutas, laboratorios y plantaciones de droga, pero también las fumigaciones que son realizadas en marco de operaciones militares.
Un drama crónico
El estudio de Codhes, basado en cifras de gobiernos extranjeros y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), también reveló que hay cerca de 390 mil colombianos refugiados, 11 por ciento de todos los colombianos que viven por fuera. Así 54 mil refugiados huyeron a Ecuador, 34 mil a Estados Unidos, 15 mil a Canadá, 10 mil a Costa Rica y el resto se reparten entre España, Panamá, Venezuela y Brasil.
“Los refugiados no están en el conteo de víctimas, ni sabemos si ellos tendrán derecho a ser reparados en la ley que está debatiendo el gobierno”, dijo Jorge Rojas.
Codhes también contabilizó 5,2 millones de desplazados en 25 años, una crisis crónica, con más de 200.000 personas que abandonan sus hogares cada año, la cifra más elevada del mundo, por encima de Sudán, Irak o Afganistán. Además, desde 2002, 44 líderes de tierras fueron asesinados, 10 de ellos en el último año.
“El problema es crónico, y que sean paramilitares, bandas criminales o guerrilla que están detrás del desplazamiento, son sólo nombres que no pueden esconder las estadísticas”, dijo a VerdadAbierta.com un investigador de Codhes
CARACOL RADIO
¿TESTIGOS ARREPENTIDOS O TESTIGOS PAGADOS EN CASOS DE PARAPOLÍTICA?
En un secreto a voces se había convertido en la Corte Suprema de Justicia el tema del cambio de versiones de los ‘paras’ en los procesos que cursan contra congresistas presuntamente vinculados con las AUC.
Pero con el testimonio del desmovilizado David Hernández, testigo protegido de la DEA, quien delató al abogado Ramón Ballesteros por haberle ofrecido 100 mil dólares para cambiar su testimonio, se destapó la negociación declaraciones de los desmovilizados.
Ahora la Corte toma cartas en el asunto, ya que pedirá investigar este hecho a la Fiscalía.
El alto tribunal le tiene puesto el ojo a dos casos, el del ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo y el del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, además de otros casos que se encuentran en investigación preliminar.
En el caso de Luis Humberto Gómez Gallo se presentó una retractación por parte del desmovilizado Humberto Mendoza Castillo, alias 'Arturó', quien en una pasada declaración ante la Corte Suprema aseguró que estuvo presente en dos reuniones con el ex presidente del Congreso y luego dijo "haberse equivocado".
Inicialmente, el testigo referenciaba dos sitios de encuentro con Gómez Gallo, pero luego señaló que en estas reuniones no estuvo el exsenador y en plena audiencia pidió perdón y dijo que estaba en peligro su vida.
Otro testimonio que ha llamado la atención es del exparamilitar Pedro Pablo Hernández, quien sostuvo en plena audiencia ante los nueve magistrados de la Corta que pudo equivocarse al acusar al ex presidente del Congreso.
En el 2008 este testigo manifestó que Gómez Gallo mantenía nexos con las Autodefensas, sin embargo, el ex militante del frente Omar Isaza aseguró que nunca conoció de vínculos financieros con el ex senador, pese a haberlo denunciado ante el Ministerio de Defensa por ‘paramilitarismo’.
Y lo mas reciente, la Corte Suprema de Justicia ordenó escuchar nuevamente el testimonio del desmovilizado paramilitar Robinson Guilombo, quien manifestó que supuestamente el ex senador le ofreció 250 millones de pesos para que cambiará su declaración y que lo podía demostrar mediante varios correos electrónicos enviados por él, los cuales no se conocen aún ya que la Corte tiene unos en su poder que no contienen la información referida.
En el caso del ex congresista Juan Carlos Martínez, el ex integrante del Bloque Calima de la Autodefensas, Yesid Pacheco Sarmiento, alias ‘El Cabo’, desmintió las declaraciones de su ex jefe, el excomandante de dicho bloque, Ever Veloza, alias ‘HH’, quien aseguró que ese grupo armado apoyó a Martínez Sinisterra para las elecciones del 2002 y que además tuvo control absoluto de Buenaventura, Valle del Cauca.
Así mismo, Mauricio Aristizabal, alias ‘El Fino’, aseguró que el ex comandante político identificado como ‘Fernando Político’ le pidió dinero para reunirse con Martínez y reiteró que no le consta la realización de dicho encuentro, ni si los dineros fueron entregados
Estos desmovilizados coinciden en señalar que el grupo paramilitar nunca tuvo ni control militar ni político sobre el puerto de Buenaventura ni mucho menos apoyaron electoralmente a aspirantes a cargos de elección popular en ese municipio, incluido Martínez.
PROCURADURÍA HIZO LOS PRIMEROS REPAROS A UNO DE LOS DECRETOS DE LA EMERGENCIA SOCIAL
Ante la Corte Constitucional, la Procuraduría emitió un concepto en el que pide declarar inexequible el contemplar como falta disciplinaria gravísima cuando un alcalde no cumpla con la acción de prevenir y atender desastres por cuenta del inverno.
Dice la Procuraduría, que incluir este artículo en el decreto reglamentario 4702 no tiene relación con el resto de la norma.
Así mismo, señaló que este precepto no conjura la crisis que dejó el invierno en el país y no responde a una necesidad para la cual fue creada la ley que pretende crear herramientas para contrarrestar la situación económica y social que dejaron las intensas lluvias de hace algunos meses.
Es de recordar, que la Procuraduría pidió que se declare constitucional el decreto madre, mediante el cual fue invocada la emergencia social, económica, y ecológica, alegando que el gobierno actúo ante una situación de inminente peligro y descalabro para el país.
CORTE AUTORIZA REINTENTAR UNA FERTILIZACIÓN IN VITRO A UNA MUJER QUE FUE MAL DIAGNOSTICADA
La Corte Constitucional tutelo los derechos de una mujer a quien le fue interrumpido un tratamiento de fertilización para logar quedar embarazada ya que la entidad de salud no entregó los medicamentos y fue mal diagnosticada.
El caso que es muy específico reconoce que es de vital importancia que los tratamientos médicos sean completos para que el procedimiento tenga éxito y evitar traumatismos en el paciente.
“De esta forma, el tratamiento contra la infertilidad que fue iniciado, autorizado y asumido con el beneplácito de Cosmitet Ltda, al ser interrumpido súbitamente, violó el principio de continuidad en la prestación del servicio y trajo como consecuencia directa que el 10 de octubre de 2009, se identificara la muerte del embrión implantado y que la actora tuviera que someterse a un legrado, ello sin contar las nefastas implicaciones psicológicas y familiares que acarreó el suceso” señala la sentencia con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas.
Para la Corte, no cabe duda que esa falta de autorización de los medicamentos, desconoció el principio de integralidad que rige la prestación de los servicios de salud, pues la entidad responsable -entiéndase Cosmitet Ltda- si bien autorizó una parte del tratamiento denominado fertilización in vitro con óvulo donado, fraccionó, separó y suspendió abruptamente el procedimiento.
La Corte aclara que la tutela en estos casos de fertilidad se aprueban de manera excepcional ya se evidencia un mal diagnostico y un proceso ya iniciado y autorizado que no culminó.
“En principio se podría pensar que el tratamiento de fertilización in vitro por encontrarse relacionado directamente con la infertilidad que padece la actora, no compromete sus derechos fundamentales, más aún cuando el deseo de conformar una familia, como bien lo expresó la Corte en la sentencia T-890 de 2009, puede ser suplido a través del proceso de adopción que establece la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de la Infancia y la Adolescencia. No obstante, en el presente caso, se reitera, la tutela está llamada a prosperar excepcionalmente en procura de permitir la continuidad, por una sola vez más, del tratamiento de fertilización que ya había sido iniciado a la patente”.
Ante esta situación la corte ordena al representante legal de la IPS comprometida, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a autorizar la continuidad del tratamiento denominado fertilización in vitro con óvulo donado que fue iniciado a la accionante, incluyendo los exámenes diagnósticos y medicamentos que considere necesarios el médico para lograr la correcta implantación del embrión
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CORTE SUPREMA PEDIRÁ COLABORACIÓN AL DEPARTAMENTO DEL TESORO Y AL FBI EN CASO DEL CARRUSEL DE CONTRATOS
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La Corte Suprema de Justicia pedirá al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y al FBI colaboración judicial para indagar sobre las cuentas en ese país del senador Iván Moreno y del excongresista Germán Olano, investigados por el presunto cobro de comisiones a los contratistas del Distrito.
La investigación busca establecer si habría relación de esas cuentas con las de los contratistas y empresarios Emilio Tapias, Julio Gómez, Luis Cárdenas Gerlein y Saúl Campanela. Por tratarse de una investigación de delitos financieros el FBI buscaría movimientos bancarios y triangulación de cuentas en los llamados paraísos fiscales.
La Corte además ordenó recibir en Miami los testimonios de Guido y Manuel Nule, así como la ampliación de declaración de Miguel Nule, quien ya había entregado un testimonio inicial a mediados del mes de diciembre en Panamá. Las diligencias están proyectadas para la semana del 7 al 11 de marzo.
En el proceso contra el senador Iván Moreno, hermano del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, fue citado a declarar para el próximo 28 de febrero Mauricio Galofre, familiar de los Nule. Galofre fue la persona que le confirmó al Procurador, Alejandro Ordóñez, la realización de más de 80 encuentros entre Migel Nule y el entonces congresista Germán Olano, en los que el político exigió el pago de 1.750 millones de pesos y la relación de los Nule con los hermanos Moreno (el senador Iván Moreno y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno).
EMITEN CONCEPTO FAVORABLE SOBRE DECRETOS EXPEDIDOS DURANTE EMERGENCIA INVERNAL
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le pidió a la Corte Constitucional declarar constitucionales los decretos expedidos bajo el amparo de la emergencia económica, ecológica y social, para atender la afectación por la ola invernal.
Precisa el jefe del Ministerio Público que las normas expedidas se ajustan a la Carta Política y dijo que luego de revisarlos por su despacho, se sujetan a los criterios de finalidad, necesidad y proporcionalidad.
Destacó que si existió conexidad entre las medidas adoptadas y los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia y “se encontró que, salvo una excepción, las mismas estuvieron orientadas a organizar el Fondo Nacional de Calamidades para brindar a la población afectada, la ayuda requerida de manera pronta y eficaz”.